El caso de Natalia Cruz volvió a cobrar relevancia tras la imputación de diez policías por su actuación previa al crimen. Los efectivos están acusados de no haber cumplido con medidas judiciales destinadas a proteger a la víctima. La investigación busca determinar si hubo negligencia o conductas deliberadas.

Las pruebas indican que la mujer contaba con una orden de protección que incluía presencia policial en su domicilio. Sin embargo, esa medida no habría sido respetada, lo que generó cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema de seguridad. Esta situación es clave para entender el contexto en el que ocurrió el femicidio.

En paralelo, se analizan posibles irregularidades administrativas dentro de la comisaría involucrada. Entre ellas, la elaboración de informes que no reflejarían lo sucedido en la realidad. El avance de la causa podría derivar en sanciones penales y administrativas para los responsables